Durante un año y medio, agentes encubiertos del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) de la Policía realizaron transacciones de compraventa de armas ilegales con miembros de organizaciones criminales que operan en Cataño, Bayamón, Vega Baja, Guaynabo y Toa Baja.
Producto de estas transacciones, las autoridades lograron sacar del bajo mundo 28 rifles de asalto, algunos de ellos modificados para disparar de manera automática —y con llamativas pegatinas alusivas a marcas de ropa, hojas de marihuana, el personaje mítico de Medusa y hasta Bad Bunny— y 10 pistolas.
“Estas armas no son ocupaciones, sino que son el producto de compras que hicieron nuestros agentes a estos traficantes de armas de fuego. Detrás de cada una de ellas hay unos hechos particulares. Eso es importante”, expresó el comisionado del NIE, Rafael Freytes.
La Uniformada diligenció ayer —junto a alguaciles federales (U.S. Marshals, en inglés), personal de los departamentos de la Familia y de Corrección y Rehabilitación, y las policías municipales de Guaynabo y Bayamón— 30 órdenes de arrestos emitidas en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, con una fianza global de $20,690,000.
Entre los detenidos figuran Fernando A. Lozada y Julián G. Rivera, quienes se encontraban bajo probatoria a nivel federal, otras dos personas que tenían licencia para portar armas y expediente criminal limpio, y David Andino Vázquez, apodado “Cuajo”, quien según el fiscal Héctor Siaca Flores, director interino de la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia, había sido procesado en más de 30 ocasiones previo al arresto de ayer.
“Entre los arrestados hay integrantes de varias organizaciones, incluyendo líderes de las que operan en sectores como Campanilla, Candelaria y varias áreas de Toa Baja que son de difícil acceso. Esto comenzó como un caso pequeño y fue creciendo con el tiempo”, abundó Freytes, quien destacó que diligenciaron 25 de las 30 órdenes de arresto.
De los cinco individuos que ayer seguían prófugos, Freytes informó que al menos dos negocian con las autoridades para entregarse acompañados por sus respectivos abogados.
“Este tipo de operativo, donde incautamos decenas de armas, nos permitió sacar de circulación a estos individuos y es vital para atacar la criminalidad. Hoy hay menos individuos vendiendo armas ilegales, que son las que se utilizan para cometer actos delictivos”, expuso, por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres.
Mientras que la secretaria interina del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez, informó que esta agencia asumió la custodia de nueve menores provenientes de cuatro familias impactadas por el operativo.
Adelantadas las pesquisas
El comisionado del NIE aseguró que la pesquisa que realizan en el caso del teniente coronel Roberto Salvá, quien en octubre del 2022 fue imputado de protagonizar un supuesto incidente de violencia doméstica durante una fiesta en Guayanilla, “está bastante adelantada”.
“Hemos hecho muchas cosas en ese caso y eventualmente estaremos preparados para presentar un informe de hallazgos y consultarlo con el Departamento de Justicia en su momento para que ellos decidan si existen elementos de delito contra algún funcionario y demás”, informó Freytes.
Aclaró que esta oficina no realiza investigaciones administrativas, porque no están bajo su jurisdicción, y que tampoco investigan casos de violencia doméstica.
“Nuestra investigación va dirigida a unos aspectos particulares de lo que ocurrió y el proceso. Justicia tiene una investigación en curso sobre los alegados hechos de violencia doméstica y la Policía tiene un proceso administrativo. Nosotros tenemos el nuestro”, sostuvo.
En cuanto a la pesquisa enfocada en los siete agentes y un sargento que balearon al adolescente Javier Antonio Cordero Nevárez, de 16 años, durante una intervención, en agosto del 2022, en la urbanización La Riviera, en Río Piedras, por un alegado robo de vehículo, Freytes señaló que también “está bastante adelantada”.
“Hay algunas pruebas forenses que aún no están disponibles. Es una escena en la que se ocupó una cantidad sustancial de casquillos y demás. Procesar esa evidencia toma tiempo. Esa prueba es crucial para luego poner a los fiscales en posición de que tomen decisiones sobre el caso”, añadió.
El comisionado agregó que también se ocupó evidencia fuera de la escena, y que por tratarse de una investigación en curso no puede entrar en más detalles.
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